El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha denunciado en numerosas ocasiones los graves riesgos –reales y constatados– que puede llegar a suponer internet. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado octubre, Rallo lamentó la ausencia de una educación de los menores para conseguir ciudadanos digitales responsables. El director de la AEPD también mostró entonces su inquietud por el fomento del uso de las redes sociales, especialmente entre los menores.

Tenemos una escuela del siglo XIX, con profesores y padres del siglo XX y alumnos del siglo XXI.

Según los expertos, se plantean dos grandes inconvenientes. El primero, se requiere una buena formación en medios digitales, para conocer los riesgos y ventajas de esta herramienta sin duda imprescindible para los tiempos venideros. El segundo, los avanzados sistemas de seguridad que se requieren son costosos y hasta ahora son coto privado para las grandes compañías que pueden costearlos.

Mientras unos y otros miramos hacia otro lado, los sitios web de anorexia, bulimia o ciberbulling crecen de forma exponencial, llegándose a presentar en sociedad como simples juegos entre adolescentes que usan un medio nuevo, donde los adultos no tienen sitio y en el que la vigilancia del padre y el profesor brillan por su ausencia.

La solución de urgencia que se ha dado hasta ahora no ha pasado de condicionar el acceso a los menores a determinadas páginas web, tanto en el aula como en casa, cuando no ha bastado un simple e indolente «no se le pueden poner puertas al campo». Luego, en los cibercafés se hacen competiciones para averiguar quién emplea menos tiempo en desbloquear los filtros parentales.

Fuente: ABC

Prodeni, Asociación Pro-Derechos del Niño y de la Niña, (Prodeni) apoya la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que pidió a la Junta de Andalucía un sistema de control en los cibercafés y nuevas tecnologías para el correcto uso de los menores.

El portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, aseveró que, actualmente, «hay un vacío legal en este ámbito que debe ser subsanado por la Administración autonómica». Calvo indicó que «si el menor emplea indebidamente el ordenador en el hogar, es responsabilidad de los padres vigilar y estar atentos al uso de las nuevas tecnologías», pero «una vez que están fuera del control de los progenitores, es necesario que se establezcan mecanismos de control que actualmente están en el aire».

El portavoz de Prodeni subrayó que «debe existir una regulación que garantice y proteja el uso de internet y nuevas tecnologías» por parte de los menores en lugares públicos, como los cibercafés. «Hasta el momento, se están escapando de ese control. Igual que se regula la venta de alcohol o de tabaco, tiene que haber algún tipo de control o vigilancia en los casos de los menores que entran en los cibercafés», añadió Calvo, quien señaló que «son las administraciones las que tienen que cubrir este vacío legal».

El portavoz especificó que las herramientas que se desarrollen deben tener como objetivo «proteger tanto a los menores que emplean internet de forma indebida como a aquellos que puedan ser víctimas de otras personas».

La resolución de Chamizo

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a la Junta la creación de un sistema de control del uso que los menores de edad hacen de internet para evitar el acceso de éstos a contenidos «inapropiados», así como «que se clarifiquen las competencias de las administraciones en la materia, especialmente en lo relativo a las tareas de inspección, control y potestad sancionadora».

En una resolución de la Oficina del Defensor, Chamizo ve «conveniente» introducir en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero —por el que se establecen medidas de fomento, prevención de riesgos y seguridad en el uso de internet por los menores— un sistema de control mediante la emisión de certificados de conformidad a los requisitos reglamentarios, que podrían ser emitidos por personas o entidades habilitadas por la Administración para tal efecto.

Fuente: abcdesevilla.es

Los cibercafés en la comunidad valenciana deberán contar con filtros de acceso a Internet para los menores o restringir su entrada al local. Es una de las medidas que incluye la Conselleria de Gobernación de Valencia en el borrador de la reforma de la Ley de Espectáculos.
Los locales tendrán que establecer filtros para que los menores no puedan consultar determinadas páginas web con contenidos para adultos. Entre ellas, figuran las de carácter pornográfico, pero también aquellas que puedan incitar a la violencia o la xenofobia.

Una de las fórmulas para la aplicación de esta medida sería la de destinar cierto número de ordenadores para menores. Estos podrían ubicarse en un espacio diferenciado dentro del local. Los establecimientos, no obstante, siempre pueden optar por prohibir el acceso a los más jóvenes y de esta forma no establecer límites a la consulta de webs.

El responsable autonómico explicó que, “al igual que se hace en el cine” o en las discotecas, es necesario “graduar” la entrada a los “cibercafés ” para “proteger” a los menores de edad. El conseller de Gobernación Serafín Castellano explicó que “no es lógico que si unos padres controlan en su casa que su hijo no entre a determinadas webs, no puede ocurrir que lo hagan con total libertad en estos locales”.

El refuerzo de estas medidas de seguridad persigue lograr la protección del menor en un espacio que hasta la fecha carecía de legislación.

Meses en ver la luz
La modificación de la Ley de Espectáculos, donde se incluye este apartado, no obstante, todavía tardará varios meses en ver la luz. Los empresarios recibieron ayer el borrador. Será en otra reunión, que se celebrará antes de Fallas, cuando aporten sus ideas o pidan modificaciones en algunos apartados. Una vez revisada, se iniciará el trámite parlamentario.

Con la modificación ya aprobada, serán los agentes los que se encarguen del cumplimiento de la ley. Así, se harán inspecciones en las que se compruebe que o bien los ordenadores están limitados o que no hay menores en el local.

En caso contrario se aplicarán las correspondientes sanciones, según la Conselleria. Dependiendo de la gravedad, la sanción puede ir desde 601 euros hasta 30.000 euros. Las más graves pueden alcanzar incluso el doble de esta cantidad.

fuente: lasprovincias.es